Colorado Fundiendose Bajo Presion De ICE: Como El Gobernador Polis y la Aplicacion Local de la ley estan Coludiendo

by Jacob Richards and The Revolutionist Collectivo

Luis Armando Rivas ha vivido en los Estados Unidos durante veintiún años, y durante los últimos dieciocho, ha llamado su hogar al Valle de Roaring Fork. Es un hombre dedicado a su familia, padre de tres hijos y una persona con una visión eternamente optimista. Su familia, vecinos y clientes lo describen invariablemente como una persona buena y compasiva.

Los clientes lo describen como “trabajador”, “honesto” y “un miembro valioso de nuestra comunidad” en cartas escritas en su nombre.

Rivas es la persona a la que podrías llamar para pedir ayuda, consejo o incluso un aventón a casa después de haber bebido demasiado. “Es muy inteligente—estudió medicina en México,” dijo un familiar que pidió permanecer en anonimato por miedo a represalias de ICE. “Puede arreglar cualquier cosa, desde computadoras hasta techos.”

“Necesitamos personas como Luis para hacer a América Grande Otra Vez,” escribió uno de sus clientes en Basalt.

Alrededor del 1 de junio, Rivas mencionó a su familia que había notado un auto gris sospechoso sin placas que parecía aparecer en todos lados donde iba. En los días siguientes, se sintió cada vez más incómodo porque el mismo vehículo lo seguía por todo el valle — sin detenerlo, sin hablar, solo siguiéndolo en silencio. El 3 de junio, vio el auto otra vez — primero en Aspen y luego en Glenwood Springs, donde se detuvo en Walmart para comprar cosas para su familia. A las 2:30 p.m., cuando salió de la tienda, vio el auto gris estacionado junto a su vehículo, junto con una camioneta del Sheriff del Condado de Garfield.

Dos hombres se le acercaron—uno con uniforme de sheriff del Condado de Garfield, y otro con una camiseta polo negra con la palabra “SPEAR” en la espalda. No se identificaron pero le dijeron a Rivas: “Está arrestado por violaciones migratorias.” El arresto fue grabado en video por un testigo y publicado en redes sociales, donde ha sido visto más de 50,000 veces. El video muestra a Luis siendo esposado y colocado en el vehículo del Sheriff del Condado de Garfield por los dos hombres.

Aunque Rivas fue llevado en un vehículo del Sheriff, no fue llevado a la cárcel local para el registro. En cambio, el oficial lo llevó pasando la oficina del sheriff, el juzgado, la cárcel y la oficina anexa—hasta la parte trasera del Maverik Adventure Center en De Beque, Colorado, donde lo transfirieron a un vehículo de ICE. De ahí, lo llevaron a la oficina de campo de ICE en Grand Junction, y luego directamente a la instalación de detención GEO en Aurora.

SPEAR es una fuerza especial Inter agencial de aplicación de la ley compuesta por oficiales locales y federales que operan en el Condado de Garfield. La agencia principal es la Oficina del Sheriff del Condado de Garfield, encabezada por Lou Vallario. La postura antiinmigrante de Vallario está bien documentada (ver The Revolutionist #10, octubre de 2024). Aunque SPEAR supuestamente se encarga de la interdicción de drogas y crímenes mayores, parece tener un mandato amplio con poca supervisión.

“[Rivas] nunca ha sido arrestado,” dijo un familiar. “Nunca.” Añadió que no había recibido ninguna orden de deportación. “No tenían una orden judicial, nunca dijeron que estaba acusado de un delito, y no se identificaron.”

“Fue impactante,” dijo el familiar.

Impactante, de hecho. La ley de Colorado ha “establecido repetida y consistentemente una clara división entre nuestras agencias locales de aplicación de la ley y las agencias federales de inmigración,” dijo un abogado de inmigración que habló bajo condición de anonimato. “El bienestar y la seguridad de nuestra comunidad depende de que nuestros vecinos se sientan seguros para reportar violencia doméstica, buscar atención médica, inscribir a sus hijos en la escuela y confiar su información a los proveedores sin miedo a que estas acciones lleven a acciones de inmigración. Esta división es especialmente importante cuando las acciones se toman sin debido proceso, sin cuidado ni consideración por la seguridad de las familias y sin mucha atención a la ley o estatus del individuo.”

Al momento de la publicación, la Oficina del Sheriff del Condado de Garfield no ha emitido declaración oficial ni respondido a solicitudes de comentarios, ni siquiera ha proporcionado un número de caso o incidente.

Desafortunadamente, el caso de Luis Rivas no es único. Solo dos días después de su arresto, ICE detuvo a Carolin Dias Goncalves cerca de Grand Junction, involucrando otra fuerza Inter agencial.

Goncalves fue detenida inicialmente por el Sheriff investigador Zwinck. Después de decidir emitir solo una advertencia por una infracción menor de tránsito, las imágenes muestran a Zwinck preguntando:

“¿De dónde eres? Tienes un poco de acento.”

“Soy de Utah,” respondió Goncalves.

“¿Cuánto tiempo has vivido ahí?”

“Unos doce años.”

“¿Naciste y creciste ahí?”

“No, nací en… Brasil.”

“Ah, qué bien,” dijo Zwinck.

Después de la parada, Zwinck compartió detalles en un grupo de Signal llamado “Highway Hitters,” administrado por el Departamento de Seguridad Nacional en nombre del equipo de interdicción de drogas de Western Colorado.

Minutos después, ICE usó esa información para localizar y arrestar a Goncalves a pocas millas por la interestatal.

El caso llamó la atención nacional. Goncalves, estudiante de 19 años de la Universidad de Utah y beneficiaria de DACA, fue liberada bajo fianza tras el clamor público y llamados a su liberación por parte del gobernador Polis.

Sin embargo, Polis no ha tomado medidas para investigar o frenar la cooperación de la policía local con ICE. Aunque podría ordenar a la oficina del Fiscal General investigar estas fuerzas, se ha limitado a este caso, ignorando la naturaleza sistémica del problema.

La Oficina del Sheriff del Condado de Mesa puso a Zwinck en licencia administrativa pagada mientras investigan internamente. Tanto la Oficina del Sheriff de Mesa como la Patrulla Estatal de Colorado han salido del chat de Signal.

La patrulla estatal confirmó que no participa en la aplicación de la ley migratoria y solo usa la aplicación EverTel, que no comparte con agencias federales. También confirmaron no tener vínculo con SPEAR.

El Departamento de Policía de Grand Junction, aunque parte del equipo de drogas de Western Colorado, no está en el equipo de interdicción y no participa en el chat “Highway Hitters.” El jefe de policía Matt Smith enfatizó que GJPD no comparte “información para propósitos de inmigración.” Añadió, “En resumen—seguimos la ley.”

Un abogado de inmigración dijo que “existe preocupación de que estas fuerzas multi-jurisdiccional permitan que agencias locales y federales colaboren y evadan las leyes de Colorado para compartir información, recursos y logística con agentes de inmigración. Esto hace a la comunidad menos segura y socava la capacidad de la policía local para proteger y servir.”

Homeland Security Investigations (HSI) está muy involucrada en estas fuerzas. HSI ha sido vista trabajando con ICE y ERO para detener ilegalmente a personas.

Este año, después de que agentes de HSI y ERO arrestaran a un hombre frente al juzgado de Glenwood Springs, el Distrito Judicial 9 emitió una orden administrativa advirtiendo que se podrían presentar cargos por desacato si ICE, HSI o ERO operaban cerca del juzgado en violación de la ley estatal.

Pero los juzgados migratorios en Denver y Aurora están fuera de esta protección, y ICE monitorea esos juzgados, lo que desalienta la participación en procesos migratorios legales.

“La gente va a dejar de presentarse a la corte,” dijo un abogado. “Entonces el juez emitirá una Orden de Deportación en Ausencia. Si no puedes ir, no puedes obtener estatus. Es una locura.”

Kevin Figuroa, de 18 años, residente de Glenwood Springs, es un inmigrante que trata de seguir la ley para inmigrar legalmente.

En Mayo, Figuroa recibió aviso para presentarse en la oficina de ICE en Grand Junction para registrarse. Llegó a su cita el 17 de junio y fue arrestado y llevado a la prisión GEO Group, donde aún espera una audiencia para decidir su destino.

Estas detenciones generan miedo en la comunidad y hacen que las personas sean menos propensas a registrarse, lo que facilita su deportación por incumplimiento.

Goncalves pasó quince días en custodia de GEO. En un comunicado dijo: “Los últimos 15 días han sido los más difíciles de mi vida. Tenía miedo y me sentí solo. Me pusieron en un sistema que me trató como si no importara.” Añadió, “Más de 1,300 personas están en esa misma pesadilla. Son como yo—personas que aman este país y quieren pertenecer.”

Aurora Yadira Mireles Tarrazas, residente de Ouray y beneficiaria de DACA, pasó más de dos meses en GEO después de que ICE, junto con alguaciles del Condado de Montrose, la arrestaran.

Tarrazas obtuvo una fianza personal el 4 de febrero. Firmó los papeles y debería haber sido liberada, pero los alguaciles la retuvieron hasta que llegaron agentes encubiertos de ICE. Las cámaras de vigilancia muestran a los agentes entregando algo pequeño a los alguaciles, que se lo guardaron.

Retener presos para ICE es ilegal bajo la ley de Colorado. Su abogado dijo que no solo violaron la ley llamando a ICE y reportando su presencia, sino que la retuvieron para que ICE pudiera llegar.

Tarrazas finalmente obtuvo la fianza.

Goncalves y Tarrazas son de las afortunadas. Datos muestran que solo el 8% de la comunidad es liberada de GEO.

Luis Rivas, sin embargo, sigue detenido. Su familia dice que estuvo enfermo por semanas al llegar a GEO. “No dan antibióticos—solo ibuprofeno,” dijo un familiar. “Por suerte, está sano. Seguro yo moriría en esa instalación. Necesito insulina para la diabetes.”

“Estas operaciones federales no solo buscan hacer cumplir la ley. Están creando un clima de miedo e intimidación en nuestras comunidades. Residentes, tanto vulnerables como ciudadanos nacidos en EE.UU., se sienten cada vez más controlados y amenazados. Este ambiente opresivo no es lo que queremos para nuestras comunidades,” dijo Ricardo Pérez, director ejecutivo del Hispanic Affairs Project. “Solo en regímenes no democráticos las fuerzas militares operan sin restricciones en comunidades. Vi esto cuando era niño durante la guerra civil en mi país, y hoy pasa aquí en el oeste de Colorado,” agregó.

“Vemos más casos como estos porque estamos en un estado ‘santuario’… (ICE) busca cualquier forma de evadir las leyes estatales, como estas citaciones y buscando colaboración donde pueda,” dijo un abogado de inmigración. Añadió que Lou Vallario (Sheriff del Condado de Garfield) es el tipo de persona que permite estas pruebas. “Estamos en un punto caliente de creatividad, falta de supervisión e integridad.”

“La gente está preocupada. Recibimos mensajes todos los días preguntando: ‘¿Es seguro?’ Y no sabemos,” dijo un miembro del grupo de Facebook ‘Are Saucedo Reporta,’ que informa a la comunidad. Dijo que en el Valle de Roaring Fork, donde SPEAR y ICE son términos intercambiables, se está perdiendo la confianza en la policía local.

Con la reciente aprobación de la “Ley Grande y Brutal” el 3 de julio, el presupuesto de ICE aumentará casi veinte veces, dándole más fondos que el Cuerpo de Marines de EE.UU. y colocándolo entre los ejércitos más grandes del mundo. Por eso, es probable que la presencia de ICE se normalice en centros urbanos como Denver.

Durante meses, ICE y el régimen MAGA han buscado vulnerabilidades en el sistema legal de Colorado—y las han encontrado.

Lawrence Pachico, de la oficina del Fiscal General de Colorado, confirmó que investigan el arresto de Goncalves. Pero el problema es mucho mayor que un caso mediático.

Más que inacción, el gobernador Jared Polis ha intentado ayudar a ICE. Polis ordenó a Scott Moss, director del Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado, cumplir con una citación de ICE del 24 de abril, que probablemente viola la ley estatal.

La citación pedía información personal de 35 familias anfitrionas que cuidan menores no acompañados en el estado.

Moss demandó y un juez dictaminó que Polis y su personal no pueden ordenar violaciones a la ley de Colorado.

Polis está evaluando su próximo paso, mientras miembros de su propio partido lo critican por ceder a ICE y el autoritarismo federal.

La ley está siendo puesta a prueba y fallando.

Es tiempo de que las instituciones legales y políticas de Colorado reafirmen su compromiso con la ley estatal. Es tiempo de procesar a oficiales, fuerzas y sheriffs que cooperen con ICE violando nuestras leyes.

Es tiempo de que el Fiscal General Phil Weiser y el gobernador Jared Polis encuentren su fortaleza y hagan el trabajo para el que los eligieron.

Contacta al Gobernador Polis: governorpolis@state.co.us

Contacta al Fiscal General Phil: ag@coag.gov

Reporta actividad de ICE a la Línea Directa de Respuesta Rápida de Colorado: 1-844-864-8341